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Comercio Internacional de organismos genéticamente modificados, Etiquetado y Derechos del consumidor en Argentina

Por: Natalia Ceballos Rios (nceballos@bc.org.ar)

Comercio Internacional  de organismos genéticamente modificados,  Etiquetado y Derechos del consumidor en Argentina

Nos proponemos en este trabajo analizar el comercio internacional de granos provenientes de organismos genéticamente modificados,  la legislación nacional y mundial relacionada con el mismo,  el desarrollo sostenible frente al etiquetado de productos genéticamente modificados, tema que ha despertado debates y que involucra aspectos muy sensibles, tanto de coherencia de nuestra legislación como de sus consecuencias económicas para el país. Para ello, analizaremos en primer lugar si la Argentina está obligada a sancionar una ley de etiquetado de estos productos y, en caso contrario, si esa legislación es conveniente o inconveniente para el interés general.

Con carácter previo, y a fin de poner nuestra opinión en contexto, haremos algunas aclaraciones para facilitar la comprensión del lector no familiarizado con el tema.

En primer lugar, por organismo genéticamente modificado (OGM), denominado también organismo vivo modificado (OVM) u organismo transgénico, se entiende cualquier organismo “vivo” que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna.[1]

El “etiquetado” consiste en la obligación que algunas normas imponen al proveedor de ciertos bienes, de incorporar una etiqueta, rótulo o leyenda al envase o recipiente que contenga el producto, a efectos de brindar al adquirente información sobre su contenido. Aunque originariamente las etiquetas fueron una herramienta de marketing, y se utilizaron con el propósito de destacar alguna característica positiva del producto, realzar su imagen y hacerlo más atractivo para el consumidor, luego algunas legislaciones comenzaron a exigirlo como forma de brindar cierta información que se consideraba importante que el consumidor conociera al tomar la decisión de adquirir o no el producto.[2] También se utiliza el etiquetado como forma de advertencia sobre características negativas o riesgosas del producto.[3]

Los “cereales” son la base de la pirámide alimentaria de seres humanos y animales.[4] Las “oleaginosas” son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles y en otros casos de uso industrial.[5] Cereales y oleaginosas comparten la categoría, común a ambos, de “granos”.

 

II. EL MARCO LEGAL INTERNACIONAL SOBRE OGM’S

Existen diversos tratados internacionales que regulan los OGM’s como el Convenio de Diversidad Biológica; los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), especialmente el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio;  El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y  el Codex Alimentarius.

1.      Descripción

1.1.   Convenio de Diversidad Biológica (CDB)

En el preámbulo, el Convenio de Diversidad Biológica afirma lo siguiente:

“…..Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo,

Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en esos recursos y tecnologías…..[6],

 

El CDB tiene por objeto “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada” (artículo 1°).

El CDB junto con otros convenios internacionales se ratificaron en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, denominada también  Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  En ella, el desarrollo sostenible fue resaltado y puesto de manifiesto en los Principios 3, 4, 8, 20 y 21.  Es definido claramente en el  Principio 8, afirmándose que:

“PRINCIPIO 8

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. ”[7].

De otro lado, el CDB dispone que “las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica” y que “cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, así como toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que se trate, a la Parte Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse” (artículo 19, incisos 3) y 4).

 

1.2.   Organización Mundial de Comercio 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es un organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Está integrada por alrededor de 160 países miembros, y sus decisiones son adoptadas por el conjunto de los países miembros, generalmente por consenso, cuyos Acuerdos son luego ratificados por los parlamentos de los países que la integran.[8] Dentro de ellos, son relevantes para este trabajo el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; y el Anexo 2, Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.

 

1.2.1        Acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias

El Acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, tiene como objetivo  mejorar la salud de las personas y de los animales, preservar los vegetales y la situación fitosanitaria a condición de que las medidas de seguridad no constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta del comercio internacional. Establece que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria debe estar basada en principios científicos y aplicarse en cuanto sea necesario proteger la salud,  la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales, (artículo 2, inciso 2). Y aclara que “Al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, los Miembros deberán tener en cuenta el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio (artículo 5, inciso 4)”[9].

 

1.2.2 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercioestablece entre otros que los miembros de la OMC se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos (artículo 2, inciso 2.2).[10]

 

1.2.3        Anexo 2, Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias

El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados (artículo 3, inciso 2)[11].

 

1.3.   Protocolo de Cartagena

El Protocolo de Cartagena, adoptado por la Conferencia de las Partes sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica el 29 de enero de 2000, tuvo como propósito “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos” (artículo 1°).

 

El Protocolo de Cartagena encuentra su principal antecedente general en el “principio precautorio” establecido en la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.[12] Conforme este principio, cuya finalidad declarada es proteger el medio ambiente, “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (Principio 15). Y sus antecedentes específicos en los artículos 8 inc. g) y 19 incisos 13 y 14 del Convenio de Diversidad Biológica.

 

En particular el artículo 11 del el Protocolo obliga a los Estados Parte a informar a las demás Partes sobre cualquier decisión definitiva que adopte en relación con el uso nacional, incluida su colocación en el mercado, de un organismo vivo modificado que puede ser objeto de un movimiento transfronterizo para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento. El Anexo II precisa que dicha información debe incluir, entre otras, un informe sobre la evaluación del riesgo y los métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros, incluidos el envasado, el etiquetado, la documentación, los procedimientos de eliminación.

 

1.4.   Codex Alimentarius

El Codex Alimentarius es la norma internacional más importante en materia de alimentos e inocuidad de los mismos. El trabajo que realiza está explicado ejemplarmente en[13]:

Qué es el Codex

El Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de referencia mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos,, es un punto de referencia mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio alimentario internacional.(…) Su influencia se extiende a todos los continentes y su contribución a la protección de la salud de los consumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el comercio alimentario es incalculable.

 

La importancia del Codex Alimentarius para la protección de la salud de los consumidores fue subrayada por la Resolución 39/248 de 1985 de las Naciones Unidas; en dicha Resolución se adoptaron directrices para elaborar y reforzar las políticas de protección del consumidor. En las directrices se recomienda que, al formular políticas y planes nacionales relativos a los alimentos, los gobiernos tengan en cuenta la necesidad de seguridad alimentaria de todos los consumidores y apoyen y, en la medida de lo posible, adopten las normas del Codex Alimentarius o, en su defecto, otras normas alimentarias internacionales de aceptación general.

 

El Codex Alimentarius se ha pronunciado respecto al etiquetado de los alimentos modificados genéticamente, diciendo que no existen recomendaciones acordadas internacionalmente y deja en libertad a los distintos gobiernos de aplicar sus propios reglamentos. 

 

En efecto, en “Preguntas sobre trabajos concretos del Codex”, ha expresado lo siguiente:

¿El Codex promueve los alimentos modificados genéticamente? ¿Qué ocurre con los alimentos orgánicos o halal?

El Codex se ha comprometido firmemente a promover alimentos inocuos. Entre estos no otorga preferencia a ciertos tipos de alimentos con respecto a otros, ya que tal elección se deja en manos de los consumidores.

 

El Codex ha adoptado principios y directrices para evaluar la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas, animales y microorganismos de ADN recombinante. Si un gobierno decide establecer un mecanismo reglamentario que aborde la inocuidad de los alimentos modificados genéticamente, podrá utilizar como base los textos del Codex. Por otra parte, cada gobierno es libre de adoptar la política que considere oportuna en lo que atañe al uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la agricultura y en otros sectores.

 

En este momento no existen recomendaciones acordadas internacionalmente sobre el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente. Por consiguiente, los distintos gobiernos aplican sus propios reglamentos.

 

El Codex ha elaborado normas, así como un código de prácticas, para la aplicación eficaz de la tecnología de irradiación con miras a mejorar la inocuidad de los alimentos, así como orientaciones sobre el etiquetado de los alimentos irradiados. No obstante, compete a los gobiernos determinar su propio criterio sobre el uso de la irradiación.

 

Por otra parte, el Codex ha aprobado recomendaciones internacionales sobre el etiquetado de los "alimentos orgánicos" y los "alimentos halal" a fin de proteger a los consumidores contra prácticas comerciales engañosas. Los países hacen un uso muy amplio de estos textos del Codex[14].

 

Actualmente, el Codex Alimentarius sí está dando recomendaciones sobre el etiquetado de los alimentos orgánicos. Para ello, se están elaborando directrices aún en revisión, en la cual Argentina es parte, como podrán verse en el Programa conjunto de la FAO/OMS nº 43[15].

 

2.      Análisis

Tanto en laConferencia de Río, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en ámbito de la Organización Mundial de Comercio se destaca el desarrollo sostenible, que supone el crecimiento económico, la protección del ser humano y el respeto por el medio ambiente. Todas esas variables juntas. Se destaca además el respeto y la protección de las relaciones comerciales entre países y el no generar trabas injustificadas al comercio internacional.

 

Uno de los aspectos que más se cuestiona del Protocolo de Cartagena es el enfoque con que aborda el principio de precaución, que va más allá de lo establecido por el Convenio de Diversidad Biológica. Conforme el Protocolo, basta que un Estado señale que posee sospechas (ni siquiera probadas científicamente) de que un producto puede causar un daño a la población, para que se lo autorice a prohibir la importación de un OGM.[16]

 

El Protocolo introduce, por vía del enfoque precautorio y de consideraciones socioeconómicas, elementos que pueden tornarse discrecionales y subjetivos: aplicados estos conceptos con miras a impedir una exportación de OGM, sin necesidad de respaldo científico, restringiría y distorsionaría el comercio internacional de OGM’s.De esta forma, la aplicación del criterio precautorio se extiende peligrosamente, ya que la evaluación del riesgo se convierte en una decisión subjetiva.[17]

 

La OMC, por su lado, tiene una visión de la evaluación del riesgo que parece más razonable y justa con cada país: esencialmente, procura tutelar la salud humana, animal y vegetal, pero sin desdeñar el aspecto comercial. La OMC señala que las medidas sanitarias o fitosanitarias se deben basar en una evaluación adecuada a las circunstancias, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo de organizaciones internacionales, los testimonios científicos existentes, las condiciones ecológicas y ambientales, y el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio, además de evitar distinciones arbitrarias o injustificables, si tales distinciones tienen por resultado una discriminación o una restricción encubierta del comercio internacional.

 

En este sentido, el Codex ha adoptado principios y directrices para evaluar la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas, animales y microorganismos de ADN recombinante. Si un gobierno decide establecer un mecanismo reglamentario que aborde la inocuidad de los alimentos modificados genéticamente, podrá utilizar como base los textos del Codex. Por otra parte, cada gobierno es libre de adoptar la política que considere oportuna en lo que atañe al uso de organismos modificados genéticamente en la agricultura y en otros sectores.

 

III.- EL MARCO LEGAL EN LA ARGENTINA

1.      Descripción

La República Argentina ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375 de 1994), y es país miembro de la OMC desde que se aprobara el Acta final en que se incorporan las negociaciones comerciales multilaterales las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus cuatro (4) anexos (Ley 24.425 de 1995). También es país miembro del Codex Alimentarius, desde 1963.[18]

 

Sin embargo, no ha ratificado el Protocolo de Cartagena.

 

Ello implica que, de lege data, nuestro país no ha asumido más obligaciones internacionales respecto del etiquetado de OGM’s que las que surgen del Convenio de Diversidad Biológica.

 

Ello implica que la Argentina sólo se ha obligado “en la medida de lo posible y según proceda”, a adoptar medios para controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología para evitar que pueda afectarse la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la salud humana (artículo 8, inc. g) y a exigir que se proporcione información sobre los posibles efectos adversos de los OGM’s “a la Parte Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse” (artículo 19, inc. 4). De ello no se desprende el compromiso de establecer la obligación de etiquetar productos que contengan OGM’s.

En cuanto al derecho interno, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que el proveedor de un bien o servicio “está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización” (artículo 4); que “las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios” (artículo 5); y que aquellas “cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos” (artículo 6).[19]

El Código Civil y Comercial de la Nación exige al proveedor suministrar información relevante, prohíbe que se haga publicidad que “(a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio; (b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; (c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad” (Código Civil y Comercial, artículo 1101).

La Constitución de Argentina en su artículo 75 inciso 19) incorpora la noción de desarrollo sustentable al establecer como atribuciones del Congreso "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

Igualmente, el artículo  41 de la Constitución establece que: ”Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Asimismo, la Ley General del Ambiente, Ley Nacional N° 25675/02, establece como presupuesto mínimo de una Gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la biodiversidad biológica, además de la  implementación del desarrollo sustentable.

Establece además, como Principios de la Política Ambiental, entre otros, el Principio de Sustentabilidad, por el cual, el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos debe realizarse a través de una gestión apropiada al ambiente que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

2.      Análisis

Si bien de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor podría derivarse la necesidad de prevenir al consumidor de la modificación genética del producto que se comercializa, creemos que la clave reside en determinar si el hecho de ser genéticamente modificado constituye una “característica esencial” del producto que deba ser expuesta, o si ello representa, o puede representar, un riesgo o peligro para la salud del consumidor.

Tal como figura en el Paper 61,  Biotechnology and Food Safety de la FAO/OMS, del año 1996, la evaluación de la seguridad utiliza el concepto de “equivalencia sustancial”, que significa reconocer que el objetivo de la evaluación de un OGM no es establecer una inocuidad absoluta, sino determinar si el alimento modificado genéticamente es tan inocuo como su homólogo tradicional, cuando existe tal homólogo.[20]  En la reunión de expertos en Biotecnología e Inocuidad de los Alimentos que se celebró en Roma del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1996, se analizó el concepto de equivalencia sustancial que había elaborado la OCDE, y se concluyó que, cuando se establece una equivalencia sustancial para un organismo o producto alimenticio, se considera inocuo como su contraparte convencional, por lo que no se requiere ninguna otra consideración de inocuidad. Cuando se establece equivalencia sustancial aparte de determinadas diferencias definidas, la evaluación ulterior de inocuidad deberá centrarse en esas diferencias definidas.[21]

La Argentina acepta este concepto, que se encuentra incorporado en la Normativa Nacional para la evaluación de organismos genéticamente modificados genéticamente (OGM’s) utilizados como materias primas para la elaboración de alimentos para consumo humano y animal.[22]

No existen evidencias que demuestren que los OGM’s representen un peligro para la salud. Más allá de muchos mitos que se han creado a su respecto luego de décadas de estar sometidos a un riguroso escrutinio,[23] no ha podido comprobarse que la modificación genética de un material pueda ocasionar daños o poner en riesgo la salud.

La Argentina es uno de los principales exportadores globales de granos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) trabaja para asegurar la calidad y la sanidad que caracteriza a nuestros cultivos en todo el mundo[24].

El Comité Técnico Asesor sobre uso de los OGM’s del SENASA, creado por Resolución 1265/1999 de la SAGPyA, está conformado por representantes del sector público, el sector privado (incluyendo productores, transformadores y distribuidores), y por representantes de instituciones científicas y académicas. El sistema de evaluación de este Comité se basa en la información aportada por el solicitante en la declaración de inocuidad de los alimentos, analizando cada uno de los eventos de transformación (es decir, cada modificación genética presentada en los OGM’s). La evaluación exhaustiva, mediante la aplicación de un sistema llamado análisis de riesgo, basado en el concepto de equivalencia sustancial, tiene en cuenta los aspectos toxicológicos y nutricionales de los OGM’s y los alimentos derivados, para determinar su aptitud alimentaria.

Según la Resolución 412/02 del SENASA, esta evaluación analiza:

* Productos de expresión: caracterización y concentración;

* Características nutricionales: composición, efectos nutricionales asociados con la modificación genética, alteración de las propiedades nutricionales, o cualquier efecto no deseado que pudiera producirse por la inserción genética;

* Efectos directos sobre la salud: identificación de sustancias tóxicas, componentes específicos con sospecha de tener propiedades tóxicas, tendencias a provocar una reacción alérgica (alergenicidad); y

* Aptitud alimentaria del OGM y/o sus derivados comestibles.

Las regulaciones se sustentan en las actividades de organismos internacionales como la OMS, la FAO y el Codex Alimentarius, entre otros.

La Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios dictamina sobre la conveniencia de comercializar el material genéticamente modificado, con relación a su impacto potencial en los mercados de exportación. También es responsable de la elaboración y ejecución de las políticas nacionales en materias de negociación comercial y sanitaria, y coordina el punto focal del Codex  Alimentarius de Argentina y varios comités técnicos. Entre éstos se encuentra el Comité Permanente de Alimentos Derivados de la Biotecnología Moderna.[25]

3.      El etiquetado de productos alimenticios modificados genéticamente en el mundo: dos criterios de reglamentación

No es dudoso que los consumidores tengan el derecho a estar informados sobre los productos que compran. Sin embargo, en varios países se debate sobre si el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente es o no el medio más apropiado y viable para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre dichos productos. Esta cuestión se está debatiendo también en la Comisión del Codex Alimentarius. Varios gobiernos han adoptado políticas y procedimientos de etiquetado para los OGM’s, que varían considerablemente, toda vez que los protocolos de etiquetado desde la explotación agrícola hasta el consumidor pueden representar obstáculos insuperables para los países de capacidad limitada que desean obtener ingresos en los mercados internacionales.[26]

3.1.Las diferencias entre los puntos de vista de los Estados Unidos y de la Unión Europea con respecto al etiquetado de los OGM’s son ilustrativas de algunas de las cuestiones debatidas.[27]

3.1.1 Estados Unidos

En los Estados Unidos, la ley exige que la información sobre los productos alimenticios sea clara e inequívoca. Las etiquetas tienen por objeto proporcionar información útil, advertir a los consumidores y darles instrucciones. Se estima que toda información adicional engañosa o innecesaria está en contradicción con el derecho de los consumidores a poder realizar una elección sensata y reduce la eficacia de la información esencial de la etiqueta. Si los OGM’s no difieren de sus homólogos tradicionales en lo que respecta a la nutrición, la composición o la inocuidad, se considera que el etiquetado es innecesario y tal vez engañoso.

En el artículo denominado “Labels for GMO foods are a bad idea” se comenta que para 1999 el etiquetado de OGMs hizo que el consumidor huyera. La mayoría de los proveedores tuvieron que remover los ingredientes de sus marcas. Da como ejemplo el caso Nestlé que tuvo que retirar de sus productos los OGMs. Hoy en día, dicen es virtualmente imposible encontrar OGMs en el supermercado (Today it is virtually impossible to find GMOs in European supermarkets)[28].

3.1.1 Unión Europea

En la Unión Europea, el etiquetado se considera un medio para garantizar el derecho de los consumidores a conocer cualquier aspecto que estimen importante; es un medio de dar a los consumidores la posibilidad de elegir e informarles sobre los OGM. El criterio de la Unión Europea con respecto al etiquetado trata de llegar a una fórmula de transacción entre los sectores industriales, científicos y públicos. La cuestión no es si deben etiquetarse los productos obtenidos por métodos biotecnológicos, sino cómo etiquetarlos.[29]

La Unión Europea ha establecido un marco que garantiza la trazabilidad de los OGM’s durante toda la cadena alimentaria, incluidos los productos transformados en los que el modo de fabricación ha destruido o alterado el ADN modificado genéticamente (por ejemplo, los aceites), y que obliga a etiquetar los alimentos que contienen OGM’s, de modo de permitir que el consumidor esté mejor informado y tenga la libertad de elección para comprar (o no) productos que sean, contengan o estén elaborados a partir de OGM’s.[30] Sin embargo, recalcan que los OGM’s autorizados hoy para el consumo de los ciudadanos europeos están disponibles en el mercado sólo tras haber sufrido una rigurosa evaluación científica y no presentan problemas de seguridad. Así lo afirma la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas quien pone a disposición de la colectividad,la Guía de Aplicación de las exigencias de etiquetado y trazabilidad de alimentos y piensos modificados genéticamentela cual pretende orientar acerca de la legislación en materia de OGM (Reglamento CE 1829/2003 y 1830/2003) y que confían en conseguir que los consumidores tengan una percepción equilibrada y racional de la biotecnología, dejando el menor espacio posible a los temores infundados[31]. Así pues, dado que todo aquel producto que se comercializa es seguro para la salud, el etiquetado no está relacionado con la seguridad alimentaria, sino que se trata de una cuestión de información al consumidor, que permitirá a éste decidir si consume o no productos modificados genéticamente.[32]

IV. ¿DEBE SANCIONAR LA ARGENTINA UNA LEY QUE ESTABLEZCA EL ETIQUETADO DE OGM’s?

El análisis de la cuestión exige ponderar dos aspectos claramente diferenciables: en primer lugar, si los tratados o convenios internacionales de los cuales la Argentina es parte la obligan a sancionar una ley de etiquetado; en segundo lugar, si la respuesta al primer interrogante es negativa, deberá examinarse si conviene o no a nuestro país hacerlo.

1.      La inexistencia de obligación de sancionar una ley de etiquetado para OGM’s

Como hemos establecido, no existe, en la normativa internacional de la cual la Argentina es parte, un compromiso de establecer el etiquetado obligatorio de OGM’s. La primera conclusión que de ello deriva es que la omisión de sancionar una ley de etiquetado de OGM’s no constituye una violación a los tratados ratificados por nuestro país. Por lo tanto, la Argentina no está internacionalmente obligada a hacerlo.

Tampoco parece suficiente para imponer el etiquetado de OGM’s lo dispuesto en la Ley de Defensa del Consumidor, al no darse a su respecto ninguna de las dos condiciones que obligan a hacerlo: la modificación genética no constituye una característica esencial del producto, ni existe riesgo o peligro para la salud del consumidor.

El efecto podría ser contrario al perseguido: si lo que se esgrime como principal argumento para obligar al etiquetado es garantizar el derecho del consumidor a la información, con ello se llevaría a error, confusión y desinformación al propio consumidor, lo que, además de oponerse a la Constitución Nacional, al Código Civil y Comercial,al Código Alimentario, y a las leyes de Defensa del Consumidor, conduce a dejarlo en peor situación que si esa información no le fuera suministrada.

Es más, el etiquetado de OGM’s para el consumidor promedio sería confuso, lo induciría a error porque la mayoría desconoce lo que es un transgénico. En nuestro país las etiquetas se usan para resaltar cualidades  o para alertar acerca de efectos nocivos. No es el caso de los OGM’s, estos son inocuos y hasta la actualidad no sólo no se hallado ni un caso de daño sino que por miedos infundados, no se ha podido pasar de semillas “vacunadas” para hacerlas resistentes y que las plantas crezcan sanas sino que no se ha podido evolucionar y tener en el mercado semillas enriquecidas con vitaminas, como el caso del arroz dorado (Golden rice).  El arroz dorado es una variedad de arroz que con ciencia, con ingeniería genética, se le agrega vitamina A que es indispensable durante el embarazo, podría reducir la deficiencia de Vitamina A, carencia que causa ceguera y la muerte de 2 millones de niños al año en las regiones más pobres del mundo. Todavía ninguna de estas variedades está disponible para consumo humano[33].

Publicado en el Washington Post (29 de junio de 2016), más de cien ganadores de premios Nobel y 1303 científicos han firmado  una carta conjunta pidiendo a Greenpeace que ponga fin a su oposición a los OGMs. Piden que se deje de bloquear la introducción del arroz dorado.”[34].

Como sabemos el 100% de la soja argentina es transgénica.  En el trabajo, “Presencia de soja y sus derivados en alimentos de consumo masivo  2014”,  investigadores del Centro Regional Rosario (CRR) desarrollan un estudio para establecer cuáles son los ingredientes derivados de la soja más difundidos en la elaboración de productos alimenticios masivos. El aceite, los productos de proteína de soja, y la lecitina -un fosfolípido ampliamente utilizado como emulsionante- son los alimentos que predominan en la nueva base de datos. Entre otros, se  concluye que el ingrediente usado con frecuencia en los alimentos es la lecitina de soja hallado en el 80% del total de alimentos envasados de un supermercado o alguno de sus derivados[35].                       

No se etiquetan porque no son nocivos ni para el ser humano ni para el medio ambiente, como tampoco se etiqueta la insulina, la hormona del crecimiento que han sido obtenidos a partir de  OGM’s.

2.      La conveniencia de sancionar una ley de etiquetado para OGM’s

Cuestión diferente es el debate acerca de la conveniencia de hacerlo. De hecho, este es un tema que ha sido –y es– materia de polémica entre nosotros. Recientemente la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN),  en un comunicado en defensa del alimento declaró que:

“Desde la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) creemos que la pluralidad de voces es necesaria. Sin embargo, la demonización de los alimentos que algunos sectores instalaron con argumentos carentes de base científica, pueden convencer al consumidor desprevenido.

Los medios de comunicación (diarios, TV, revistas, Internet) representan las fuentes primarias de la información. Cuando estas fuentes comunican mensajes absolutos, enfatizando aspectos negativos en los alimentos, pueden conducir a un pensamiento dicotómico y ambivalente, generando ansiedad, desesperanza e incremento de la incidencia de ortorexia (obsesión patológica por consumir alimentos saludables, puros y limpios).

El proceso de demonización de los alimentos incide en la gestión de la salud pública y configura un nuevo escenario con enorme impacto en la nutrición y la calidad de vida de los ciudadanos. La demonización acorrala al consumidor sin generar mejoras en el mercado de los alimentos.

Este tema nos preocupa y nos ocupa hoy en la SAN, ya que configuran un nuevo escenario con enorme impacto en la nutrición y la calidad de vida de los ciudadanos. Estos mensajes pueden generar en la sociedad una sensación de temor y un rechazo a las recomendaciones nutricionales de las Guías Alimentarias que están vigentes en nuestro país...”.[36]

En nuestra opinión, una ley de etiquetado obligatorio para OGM’s representa más desventajas que ventajas para un país como la Argentina.

En efecto, como hemos señalado, el etiquetado tiene la loable finalidad de informar adecuadamente al consumidor de las características del producto que adquiere. Al mismo tiempo que permitirle ejercer la libertad informada de adquirirlo o no, sirve también al propósito de advertir sobre posibles riesgos o consecuencias adversas del producto.

Pero el etiquetado obligatorio no es absolutamente inocuo, y no siempre es inocente. Muchas veces ello forma parte de un conjunto de medidas proteccionistas de países importadores, tendientes a crear barreras no arancelarias a la entrada de ciertos productos, o posicionarse para negociar menores precios o mejores condiciones para el importador. Tan así es que: (i) El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, uno de cuyos propósitos es mejorar la salud de las personas y de los animales, preservar los vegetales y la situación fitosanitaria, se ocupa de advertir que las medidas de seguridad que se adopten no pueden constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta del comercio internacional;[37] y (ii) En mayo de 2003, Argentina, Canadá y los Estados Unidos demandaron a la Unión Europea ante la OMC por la denominada “moratoria de facto” para la aprobación de nuevos eventos transgénicos, aplicada por Europa desde 1998, y el 29 de septiembre de 2006, la OMC falló a favor de Argentina y demás codemandantes, estableciendo que la aplicación de la moratoria por parte de la Unión Europea, respecto de la aprobación de nuevos productos biotecnológicos, vulneraba las normas de la OMC.[38]

Si, bajo esta perspectiva, es entendible que los países compradores de alimentos provenientes de materiales genéticamente modificados establezcan la obligación de etiquetar, no parece razonable que lo hagan los países que los producen o exportan. En protección de los derechos de los consumidores, estaría justificado imponer el deber de etiquetar si hubiese alguna demostración científica de que los OGM’s son, o pueden ser, peligrosos para la salud humana o pudieran afectar la biodiversidad. Pero no la hay. No existe ningún estudio científico serio que haya comprobado su carácter riesgoso o potencialmente riesgoso, o que permita dudar de su inocuidad. FAO//OMS: “El concepto de equivalencia sustancial posibilita un sólido marco de evaluación para la seguridad. La consulta considera que el enfoque utilizado para evaluar la seguridad de los alimentos genéticamente modificados que han sido aprobados para el uso comercial es satisfactorio. (La equivalencia sustancial) comprende un enfoque basado en la ciencia por medio del cual se compara un alimento genéticamente modificado con su correspondiente contraparte existente. El objetivo de este enfoque es asegurar que los alimentos y cualquier sustancia que haya sido agregada a los mismos como resultado de la modificación genética sean tan seguros como el de su contraparte tradicional. El enfoque de la equivalencia sustancial se considera la estrategia más adecuada para la evaluación nutricional y de seguridad de los alimentos genéticamente modificados. No existen estrategias alternativas que proporcionen mayores garantías de la seguridad de los alimentos genéticamente modificados que el uso adecuado del concepto de equivalencia sustancial”.[39]

Etiquetar la condición de derivado de OGM (un proceso utilizado para mejorar la especie que dio origen a ese ingrediente o alimento), generaría una duda podría ser calificada como “injustificada”, ya que si éstos han pasado satisfactoriamente por los procedimientos de aprobación vigentes en Argentina, está claro que no ofrecen ninguna diferencia en lo referido a la salud y seguridad con sus contrapartes convencionales.

La Argentina ha llevado su postura ante el Comité de Etiquetado del Codex Alimentarius. En ésta, sostiene que, sólo corresponde el etiquetado de alimentos derivados de OGMs, cuando hay un cambio en las cualidades o contenidos nutricionales, o se introducen cualidades alergénicas inesperadas: es decir, cuando hay un cambio objetivo y mensurable respecto de sus homólogos convencionales.[40] En el Comité de Etiquetado, la Argentina pertenece al grupo de países que apoyan el etiquetado de aquellos alimentos que no sean equivalentes a sus homólogos convencionales respecto de la composición, el valor nutricional o el uso previsto, y que se oponen al etiquetado por método de producción porque no atendería a razones de inocuidad alimentaria ni a algún otro justificativo basado en la ciencia, ni proveería ninguna información útil al consumidor sino que, por el contrario, contribuiría a la confusión, y finalmente crearía barreras al comercio[41].

3.      El impacto de una ley de etiquetado de OGM’s en la economía nacional

La República Argentina es reconocida mundialmente como un país agroexportador por excelencia. Su historia se remonta al siglo XIX, con la exportación de carne, a la que siguieron, a fines del siglo, las exportaciones de maíz y trigo que la hicieron ganarse el título de “granero del mundo”.  Luego de la Revolución Industrial, que trajo aparejada cambios en la producción y exportación, la Argentina logró tal crecimiento de su economía que le permitió situarse dentro de las mayores potencias mundiales. Sus crecientes cosechas dejaban un saldo exportable de elevados volúmenes de materias primas y derivados, situando al agro en la cúspide del comercio exterior. Esta realidad, que hoy nos enorgullece, se debe en parte a las excelentes condiciones naturales de nuestro suelo, pero fundamentalmente a la visión y esfuerzo de aquellos hombres que, desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad supieron vislumbrar ese futuro.[42]

Hoy el agro continúa siendo el motor de la economía argentina.  El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación (artículo 4 de la Constitución Nacional). El complejo agroindustrial de cereales y oleaginosas coloca a la Argentina como uno de los principales países productores de alimentos del mundo, participando en 2014 con el 37,5% del total de las exportaciones del país.

Para apoyar ese crecimiento, en 1991 se creó la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), entidad dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, cuyo objetivo es regular la introducción y liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. A fines de 2014 la FAO reconoció oficialmente a la CONABIA como “Centro de Referencia” para la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados.  A partir de este reconocimiento, se abre para la República Argentina un nuevo espacio para fortalecer las acciones de coordinación y cooperación internacional en materia de biotecnología, sector clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria. El reconocimiento de la FAO a la labor desarrollada por la CONABIA, reafirma a nuestro país como uno de los principales líderes a nivel mundial en biotecnología. La Argentina ha dado un paso más en la promoción de políticas agropecuarias tendientes a industrializar el medio rural, agregar valor en origen y contribuir a un modelo de producción sustentable y sostenible.

Hasta el momento, la CONABIA ha autorizado comercialmente un total de 30 eventos en cultivos como el maíz, la soja y el algodón, y actualmente está evaluando nuevos como caña de azúcar, trigo y papa, siendo sumamente relevante para el país, dado que constituyen los primeros desarrollos de carácter nacional. Además, desde sus comienzos, ha promovido activa y constantemente la formación de profesionales, reguladores y funcionarios del sector agroalimentario[43].

A nivel mundial, el Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA), informaba que la Argentina era el segundo productor de cultivos genéticamente modificados en el mundo, con 19,1 millones de hectáreas en 2007, lo que representa el 17% de la superficie global de transgénicos. Para 2011, la Argentina continuaba siendo uno de los principales productores de transgénicos, detrás  de  EEUU y Brasil, con 23,7 millones de hectáreas. Recientemente ISAAA  publicó el informe, “20 años de comercialización de cultivos transgénicos en el mundo (1996 - 2015) y cultivos transgénicos destacados en 2015”, con información que muestra el aumento del área sembrada con cultivos transgénicos, superficie que pasó de 1,7 millones de hectáreas en 1996 a 179,7 millones en 2015. Hoy la Argentina continúa siendo uno de los principales productores de transgénicos, con 24,5 millones de hectáreas, luego de EEUU y Brasil.[44]

Para medir el impacto de una ley de etiquetado de transgénicos, que puede tener efectos adversos sobre la comercialización y exportación de los productos elaborados con OGM’s debe tomarse en cuenta que (i) la Argentina es uno de los principales productores mundiales de granos y alimentos, muchos de los cuales son provenientes de semillas genéticamente modificadas;[45] (ii) nuestro país es líder mundial en exportaciones de aceite y harinas proteicas de soja, el tercero en exportaciones de granos de soja y el cuarto exportador mundial de maíz; (iii) el complejo oleaginoso argentino, una concentración industrial de las más eficientes del mundo, ha realizado inversiones directas por US$ 2,7 mil millones entre 1995-2015 y da empleo a más de 250.000 personas en forma directa e indirecta;[46] y (iv) Para la economía nacional,  el complejo cerealero-oleaginoso argentino representa el ingreso de divisas más importante.

Siendo éste uno de los sectores productivos que más dinamiza y aporta progreso al país, con efectos directos hacia el interior, cualquier decisión de política legislativa debe ponderar cuidadosamente la afectación que esa medida podría tener sobre la economía general, de la cual depende también el bienestar de la población. Porque, como enseñaba Linares Quintana,[47] subrayando la profunda raíz económica de la política, si la ciencia política no tiene en cuenta a la economía, apenas podrá elevarse un poco más allá de la astrología. Una ciencia política racional ha de utilizar el conocimiento sistemático de instituciones, intereses y fuerzas económicas en todas sus formas.

V.- CONCLUSIÓN

La cuestión que analizamos en este trabajo pone en tensión dos valores igualmente dignos de tutela: el acceso de los consumidores a una información veraz sobre aquello que consume –de especial importancia cuando de alimentos se trata–, y la preservación de las fuentes de riqueza del país.

El primero no es un valor que pueda siquiera ponerse en duda, desde que inclusive tiene protección constitucional (artículo 42, Constitución Nacional) y regulado en la Ley de Defensa del Consumidor. El consumidor tiene derecho a conocer lo que consume. No sólo forma parte de la protección que el Estado debe a quien se encuentra, al momento de adquirir un bien, en situación de ostensible desigualdad respecto de quien lo provee,[48] sino también de la necesidad de garantizar su libertad de elección.[49] P

 

Medio: www.grupobiot.com.ar


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